Tras acusar al Gobierno de estar más preocupado por conseguir la mayoría absoluta en la próxima elección de constituyente, la Asamblea de la Cruceñidad dio una semana de plazo a Evo Morales para atender todas las demandas de los diferentes sectores de la región; caso contrario, el jueves 27 de abril el departamento de Santa Cruz parará por 24 horas.
La medida fue acordada luego de cuatro horas de discursos en el salón colonial del Comité pro Santa Cruz. Allí, representantes de organizaciones sociales, sectores productivos, cívicos de provincias y autoridades prefecturales hablaron sobre las demandas cruceñas en materia de ítems para educación y salud, mayor claridad en la licitación de la explotación del hierro de Mutún y la devolución de los Bs 5 millones que la Prefectura gastó para cubrir los daños causados por las riadas.
Desde el inicio, Germán Antelo, presidente del Comité pro Santa Cruz, calificó el hecho como histórico y pidió a Morales no poner a toda la gestión pública al servicio de un proyecto de obtención del poder absoluto. Antelo le cedió la palabra a Róger Montenegro, delegado por la institución cívica para negociar la licitación de Mutún con el Gobierno.
El ingeniero informó de que los ministros del área económica no cumplieron su promesa de consensuar el pliego de especificaciones con los técnicos del Comité y la Prefectura cruceña y que pidieron al Gobierno de Venezuela que les envíe 10 expertos en metalurgia para asesorarlos.
Aseguró que sólo se enteraron de las condiciones fijadas el jueves pasado, 20 minutos antes de que Antelo se reuniese con cinco ministros en el Comité pro Santa Cruz. “Pese a ello logramos mostrarle las debilidades de la licitación. Hemos hablado con los representantes directos de las cinco empresas que compraron el pliego anterior y ninguna está dispuesta a presentarse con las actuales condiciones.
Nos han dicho que una empresa venezolana está interesada en adjudicarse la explotación de Mutún”, dijo Montenegro, objetando la ética de que técnicos del mismo país hubiesen asesorado al Estado nacional para realizar el pliego.
Luego fue el turno de Roly Aguilera, secretario general de la Prefectura, de explicar el estado de las peticiones en materia de salud y educación. Explicó que el Gobierno sólo ha ofrecido cubrir el 25% de las demandas de salud y el 50% de los ítems necesario para educación. Hizo una amplia explicación de los gastos que ha asumido la prefectura para ayudar a los damnificados por las riadas en municipios del este y el sur del departamento y luego solicitó que no se amplíe el contrato para el cobro de peajes con la empresa Conosur, ya que ésta disminuirá su aporte al gobierno departamental en Bs 6 millones en 2005.
José Céspedes, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, sucedió en la palestra a Aguilera. Luego de criticar al Gobierno, advirtió de maniobras que ‘ONG y sindicatos’ estarían realizando para ocupar tierras de las provincias Guarayos, Germán Bush, Obispo Santistevan y Ángel Sandóval. “La próxima guerra que se nos viene es por la tierra”, dijo.
Luego de que Javier Soria, presidente de la Asociación de Padres de Familia, recordara que la falta de un ítem en educación equivale a un niño que no puede ir al colegio, fue el turno de Rodolfo Landívar, presidente de Fejuve, que propuso por primera vez en la noche un paro cívico de 48 horas.
Su propuesta fue estructurada luego por Wilmar Steltzer, ex presidente cívico y concejal, que propuso un plazo de una semana antes del paro para luego asumir medidas ‘más duras’, como dejar de pagar impuestos a la administración nacional y entregar esos recursos a la Prefectura.
Posteriormente llegaría el prefecto, Rubén Costas, con los alcaldes de los municipios de Germán Busch y cívicos porteños. Allí informó de que se trasladó hasta la frontera para ofrecer su apoyo a las autoridades municipales de Puerto Suárez, Quijarro y El Carmen Rivero Tórrez y tratar de llegar a un acuerdo para levantar las medidas de presión. Los cívicos y munícipes fronterisos aceptaron el ofrecimiento, siempre y cuando la Asamblea de la Cruceñidad hiciera suya las demandas de la región, solicitus que fué incluída en la resolución final.
Fuente: El Deber
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