La llegada de la ministra de Salud, Nila Heredia, avivó el conflicto cívico por los ítems del sector en lugar de aplacarlo, y no pudo detener la Asamblea de la Cruceñidad que se instalará hoy a partir de las 18:30. La autoridad gubernamental trajo una propuesta que resultó insuficiente ante las necesidades del departamento.
Desde las 9:00 de ayer, diferentes autoridades y representantes gremiales del sector de la salud consensuaron un pedido de 1.800 nuevos puestos de trabajo para el sector, pero aclararon que el mínimo indispensable para seguir operando es 800.Alrededor de las 14:00, Nila Heredia llegó al Comité para escuchar las demandas.
De entrada, el presidente cívico, Germán Antelo, le aclaró que este movimiento no respondía a oligarcas como afirmó el ministro de Educación, sino a necesidades reales de todo el departamento. Heredia pidió coherencia en la repartición de los ítems ya asignados y que cada nivel del Estado (Gobierno central, prefecturas y municipios) asuman sus responsabilidades con el sector. “Así sean pocos, los ítems no pueden ser distribuidos de forma caprichosa. Propongo que se analicen en una mesa técnica que determine cuántos se necesitan y nos tracemos un plan para que esa necesidad sea cubierta. No puedo decir que tengo 500; menos, 800. No vengo con una canasta de ítems”, dijo.
Roberto Gil, director técnico del Servicio Departamental de Salud (Sedes), fue el encargado de defender el pedido de los 1.800 nuevos puestos. Hizo una larga exposición de las causas de tanto déficit (aplicación del SUMI, la reducción del tiempo de trabajo de los trabajadores de salud de ocho a seis horas y la desaparición de la figura del médico rural, entre otros motivos), y aseguró que su repartición también contaba con técnicos bien preparados que habían realizado la demanda basados en las necesidades de cada centro de salud del departamento.
Fue en ese momento en el que Heredia informó de que este año se habían creado sólo 820 ítems y que de ellos se había asignado el 17% a Santa Cruz (143). Aseguró que el Gobierno hace todo lo posible para crear más ítems pero que en todo caso no serán más de 250. De estos, comprometió 60 para el departamento. La propuesta no fue aceptada por los trabajadores y Johnny Caballero, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores en Salud, abandonó la sala, no sin antes pedir la renuncia de la ministra y anunciar un paro de 72 horas a partir del lunes.
El resto del encuentro sirvió para que Gil explicara que Santa Cruz es el único departamento que se gasta Bs 17 millones al año para pagar 580 ítems, que los centros de tercer nivel invierten más de Bs 22 millones para cubrir el sueldo de una cifra similar de empleados y que eso no les permite adquirir nuevos equipos. Eso ha puesto a la mayoría al borde del colapso. La principal prueba del daño que causa a los nosocomios invertir en pago de salarios es la situación del Hospital Oncológico, que ayer se declaró en emergencia.
El director de la institución, Nelson Béjar, aseguró que el 72% de sus ingresos se destina al pago de personal. Esto les impide invertir $us 19.500 en reparar el mamógrafo, cuya utilización le significaba un ingreso mensual de Bs 20.000.La ministra Heredia explicó que desde hace una década no se han creado tantos ítems como en esta gestión y que no se puede esperar que se salden deudas históricas de una sola tajada. Sus argumentos no sirvieron para calmar las aguas del sector, que no aceptó sentarse a negociar ni a revisar técnicamente el pedido. Aseguran que en varias oportunidades han enviado dicha documentación a La Paz.“Valoro la valentía de Nila al venir a poner la cara. La conozco y estoy seguro de que le hubiese gustado venir con una propuesta bajo el brazo; pero nos incentiva para gestionar de una vez lo que debemos conseguir”, dijo Gil, refiriéndose a la autonomía.
Pero el tema de salud no es el único que tratará la Asamblea de la Cruceñidad. Según informó el vocero del Comité pro Santa Cruz, Daniel Castro, también se tratarán los pedidos del sector de educación, la licitación de la explotación de hierro en Mutún, los problemas del Lloyd Aéreo Boliviano, la situación de los damnificados por las riadas, el respeto a los cargos institucionalizados y la situación de algunas reparticiones gubernamentales que han sido tomadas por militantes del Movimiento al Socialismo.
Castro informó de que trabajadores del LAB leerán una carta a favor de los 500 puestos de trabajo y del 48% de las acciones de la compañía que pertenecen a todos los bolivianos. “En ningún caso se permitirá que se defiendan intereses de grupo”, dijo.
La reunión también servirá para que la comisión que negoció con los ministros del área económica informe sobre los resultados de las conversaciones celebradas ayer en Puerto Suárez sobre la licitación de Mutún, mientras que se pedirá respeto por las instituciones y los cargos ganados por concurso de méritos en las diferentes reparticiones estatales. Uno de los temas que más prometen caldear el ambiente es el informe sobre los damnificados por las riadas. El Comité informará sobre cuánta ayuda envió y la Prefectura dirá cuánto auxilio gubernamental fue canalizado a través de ellos.
Ayer, Valentín Calizaya, secretario ejecutivo de la Federación de Colonizadores de San Julián, bajó el tono de sus declaraciones y aseguró que sus protestas no iban dirigidas contra el Comité, sino contra la Prefectura ya que no confían en el manejo que ésta le ha dado a la ayuda internacional recibida. Ya no amenazaron con tomar el Comité pro Santa Cruz.
Mientras tanto, los alcaldes de Cuatro Cañadas, San Julián y el Puente hicieron llegar una carta de agradecimiento a todas las instituciones que recaudaron dinero y vituallas para ayudarlos. Con el fin de evitar conflictos, el Comité pedirá a la Prefectura que cierre la calle y acordone el área para que no se repitan los incidentes registrados en la visita de Evo Morales a la entidad cívica.
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