Cívicos asumirán vía legal si se extiende la Asamblea

La Asamblea de la Cruceñidad acordó ayer recurrir a los mecanismos legales que considere necesarios, en caso de que el Congreso Nacional apruebe una ley para ampliar el plazo de la Asamblea Constituyente, que concluye el próximo lunes 6. Además, los representantes cívicos anunciaron que insistirán para que la Prefectura asuma la administración directa de la tierra, de las políticas medioambientales y de recursos forestales en rechazo al decreto reglamentario de la Ley de Tierras, que fue promulgado ayer en Ucureña por el presidente de la República, Evo Morales.

La posición cívica se conoció después de más de tres horas de discursos, en los que hubo muestras de rechazo a la participación de indígenas y ‘milicianos’ masistas en la parada militar anunciada para el martes 7, en ocasión del Día de las Fuerzas Armadas. Para esa fecha, el Comité pro Santa Cruz ‘decretó’ día normal de actividades y el presidente de la institución, Branko Marinkovic, adelantó que no participará en el acto castrense, en respuesta a las agresiones que ha sufrido el departamento por parte del Gobierno.

La decisión de la Asamblea de la Cruceñidad de recurrir a los mecanismos legales fue respaldada por el constitucionalista Jorge Asbún, que explicó que los constituyentes incurrirían en una ilegalidad en caso de que extiendan su trabajo por más de un año, porque la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, que se aprobó en marzo del año pasado, no contempla la posibilidad de una prórroga. Por el contrario, establece que los asambleístas tienen plazo de seis meses a un año para redactar la nueva Constitución Política del Estado. Además, el mandato fue ratificado por un referéndum.

Por su parte, el ex presidente del Comité pro Santa Cruz, Germán Antelo, dijo que con Asamblea o sin Asamblea Santa Cruz decidió ser autónoma, por lo tanto se debe respetar esa voluntad manifestada en las urnas. Asimismo, puntualizó que en caso de que los asambleístas insistan en ampliar el mandato, se debería recurrir a una nueva consulta popular y no por la vía del Congreso como ocurre actualmente. No hacerlo, según él, crearía una jurisprudencia para que los prefectos, el Presidente u otra autoridad elegida por el voto popular solicite la ampliación del mandato porque no ha logrado completar alguna obra.

A su vez, el ex parlamentario y ex presidente del Comité pro Santa Cruz, Jorge Landívar, recomendó no volver a utilizar la palabra ‘autonomía de facto’, porque la región, así como Beni, Pando y Tarija, se ganó por la vía del voto el derecho de ser departamentos autónomos. “No volvamos a incurrir en ese error. El pueblo impuso su derecho a través de la iniciativa ciudadana y por una consulta popular y tenemos que hacerlo respetar”, indicó el cívico.

Por su parte, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Mauricio Roca, propuso que en el marco de las autonomías departamentales, se autorice a la Prefectura de Santa Cruz que decida sobre las políticas de tierra, medioambiente y recursos forestales ante la decisión del Gobierno de ‘hacer proselitismo con las tierras, mientras que para los agropecuarios cruceños representa un factor de producción’.

RESOLUCIÓN DE LA CRUCEÑIDAD

Constituyente. Delegar al Comité para que en caso de que la Asamblea Constituyente o el Congreso alteren el periodo fijado por el pueblo boliviano para la vigencia de la Asamblea Constituyente, se ejerzan las acciones que la Constitución, las leyes y el Estado de derecho reconocen a los ciudadanos.

Tierras. Rechazar la política de tierras, expresada en la Ley 3545 y su reglamento promulgado en Ucureña, que provocarán inseguridad jurídica, incrementarán los precios de los alimentos y generarán desabastecimiento.

Autonomía. Poner en marcha una política departamental para que las decisiones sobre las tierras, el bosque y el medio ambiente sean definidas en nuestra región.

Mutún. Rechazar la promulgación del D. S. 29200 que deja sólo un 20% de las regalías en el departamento productor (15% para el municipio y 5% para la Prefectura).

Desfile. Declarar el día 7 de agosto como jornada normal de actividades.

Fuente: El Deber