Cívicos y Gobierno logran acuerdo y baja la presión

La reunión entre los cívicos cruceños y las autoridades gubernamentales celebrada ayer en el Salón Rojo del Palacio Quemado, avanzó favorablemente. Los pedidos por más ítems para salud y educación que provocaron el anuncio del paro cívico en Santa Cruz, tuvieron una respuesta positiva por parte del presidente de la República, Evo Morales, lo que abrió la posibilidad de deponer la medida de presión prevista a partir del jueves en todo el departamento.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Germán Antelo, declaró a los medios de comunicación que hay una total predisposición de atender las demandas de la región y evitar el paro cívico decidido el miércoles pasado en la Asamblea de la Cruceñidad.
El dirigente cívico adelantó que una comisión del Gobierno vendrá hoy a Santa Cruz para reunirse, durante dos días, con representantes de la Prefectura y de los municipios para encontrar una solución al pedido de 800 ítems para educación y salud. En el encuentro se pidió especialmente por la consolidación del hospital Francés, que está pronto de ser inaugurado y que requiere 300 ítems para iniciar su funcionamiento.

El Presidente aceptó la demanda de los cruceños y precisó: "Sería el colmo que la ayuda internacional nos construya hospitales y no funcionen porque el Gobierno no les proporciona los profesionales que necesitan".
Por su parte, el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Víctor Hugo Parada, que participó de la reunión, agradeció la apertura del jefe de Estado y aclaró que en el departamento hay un promedio de 0,6 médicos por cada 3.000 habitantes, siendo que la media en el resto del país es de 1,2 galenos por esa misma cantidad de ciudadanos. Sobre ese aspecto, Morales ofreció la dotación de equipos médicos provenientes de Cuba para el hospital Francés.
No obstante, Parada solicitó que los empleos sean reservado para los bolivianos y puso a consideración del Presidente la posibilidad de restituir el año de provincia para los médicos recién egresados.

Sobre la licitación del proyecto siderúrgico, Evo Morales reafirmó el cumplimiento de los plazos, lo que implica que a finales de mayo se procederá con la adjudicación de la empresa que se hará cargo de la explotación de los minerales."Vamos a cumplir con todos los plazos, no hay paso hacia atrás", indicó Morales.Los plazos señalados por el jefe de Estado establece que el 28 de este mes habrá una reunión técnica con las empresas proponentes en Santa Cruz y el 5 de mayo se presenta el pliego de licitación corregido. El 25 se abren los sobres A y el 27 los sobres B, y el 30 se conoce la o las empresas que se adjudicaron el proyecto.

Las bases de la negociación
Mutún: Para el 28 de mayo está anunciada una reunión con las empresas que aspiran participar de la licitación del proyecto siderúrgico en la provincia Germán Busch. La adjudicación, está prevista para finales del mayo próximo.
Ítems: Una delegación de ministros y viceministros llegará hoy a Santa Cruz para reunirse, a partir de las 9:00 con autoridades de la Prefectura y de diferentes municipios del departamento, a fin de encontrar una solución a la contratación de más personal para salud y educación.
Empleos: A través del programa Propaís, el Gobierno contratará a más de 100 personas que prestaban funciones en la empresa MMX, subsidiaria de la brasileña EBX. Se diseñará un plan para hacer sostenible la generación de empleos.
EBX: El Gobierno ratificó la decisión de que la empresa debe abandonar el país. Los cívicos reiteraron que no defienden a la siderúrgica.

Fuente: El Deber

Prefectos de todo el país quieren un decreto que les dé libertades

Un nuevo capítulo de tensión se vive entre el presidente, Evo Morales, y los prefectos de los nueve departamentos. El domingo pasado, el primer mandatario aseguró que no modificará el Decreto Supremo 28666 a través del cual se establecen las funciones, derechos y obligaciones de los prefectos elegidos por voto directo el pasado 18 de diciembre.

El pedido de cambio o complementación de dicho instrumento legal había surgido el viernes 21 de abril en una reunión entre las autoridades departamentales y el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic. Estaba previsto que también se contacten con Morales, pero éste suspendió el encuentro. Mario Viscarra, prefecto de Potosí, aseguró que no se está observando el decreto promulgado por el presidente Evo Morales, sino que se ha sugerido complementarlo para llenar algunos vacíos de la norma.

Según José Luis Paredes, prefecto de La Paz, las propuestas tocaron básicamente tres temas: sucesión en caso de muerte o renuncia, obligaciones y derechos en las áreas de salud y educación, y reformas probables a la actual Ley de Descentralización Política Administrativa. También se tocaron otros temas como la posibilidad de pasar el control del cobro de peajes camineros a la jurisdicción de las prefecturas. “Hay voluntad por parte del Gobierno y ojalá podamos realizar una nueva ley”, dijo Paredes.

Carlos Dabdoub, director departamental para Autonomías y Asamblea Constituyente, señaló que tal vez un decreto supremo sea mucho más rápido que aprobar una nueva ley, pero explicó que todo eso se analizará jurídicamente y será estudiado en la próxima reunión. Dijo, además, que el tema de la sucesión prefectural en caso de fallecimiento o renuncia está suficientemente claro y deberá haber una nueva elección. Sin embargo, no está igual de claro para todos.

Paredes asegura que si se vuelve a designar ‘a dedo’ a una autoridad se estaría retrocediendo. Mientras tanto, desde Tarija Mario Cossío pide a Morales dejar las polémicas. En declaraciones a la agencia ANF dijo que “a la ciudadanía no le interesa más las polémicas ni los enfrentamientos. La gente quiere resolver el problema de fondo: la pobreza”. Por el lado del Movimiento al Socialismo también hubo respuestas. El ex senador y candidato a constituyente, Román Loayza, dijo que detrás de las críticas a este decreto hay ‘intenciones desestabilizadoras’, de los prefectos de Santa Cruz, Tarija y Cochabamba. Aseguró que movilizará al Estado Mayor del Pueblo para defender al Presidente.

Asamblea da una semana de plazo al Gobierno

Tras acusar al Gobierno de estar más preocupado por conseguir la mayoría absoluta en la próxima elección de constituyente, la Asamblea de la Cruceñidad dio una semana de plazo a Evo Morales para atender todas las demandas de los diferentes sectores de la región; caso contrario, el jueves 27 de abril el departamento de Santa Cruz parará por 24 horas.

La medida fue acordada luego de cuatro horas de discursos en el salón colonial del Comité pro Santa Cruz. Allí, representantes de organizaciones sociales, sectores productivos, cívicos de provincias y autoridades prefecturales hablaron sobre las demandas cruceñas en materia de ítems para educación y salud, mayor claridad en la licitación de la explotación del hierro de Mutún y la devolución de los Bs 5 millones que la Prefectura gastó para cubrir los daños causados por las riadas.

Desde el inicio, Germán Antelo, presidente del Comité pro Santa Cruz, calificó el hecho como histórico y pidió a Morales no poner a toda la gestión pública al servicio de un proyecto de obtención del poder absoluto. Antelo le cedió la palabra a Róger Montenegro, delegado por la institución cívica para negociar la licitación de Mutún con el Gobierno.
El ingeniero informó de que los ministros del área económica no cumplieron su promesa de consensuar el pliego de especificaciones con los técnicos del Comité y la Prefectura cruceña y que pidieron al Gobierno de Venezuela que les envíe 10 expertos en metalurgia para asesorarlos.

Aseguró que sólo se enteraron de las condiciones fijadas el jueves pasado, 20 minutos antes de que Antelo se reuniese con cinco ministros en el Comité pro Santa Cruz. “Pese a ello logramos mostrarle las debilidades de la licitación. Hemos hablado con los representantes directos de las cinco empresas que compraron el pliego anterior y ninguna está dispuesta a presentarse con las actuales condiciones.
Nos han dicho que una empresa venezolana está interesada en adjudicarse la explotación de Mutún”, dijo Montenegro, objetando la ética de que técnicos del mismo país hubiesen asesorado al Estado nacional para realizar el pliego.

Luego fue el turno de Roly Aguilera, secretario general de la Prefectura, de explicar el estado de las peticiones en materia de salud y educación. Explicó que el Gobierno sólo ha ofrecido cubrir el 25% de las demandas de salud y el 50% de los ítems necesario para educación. Hizo una amplia explicación de los gastos que ha asumido la prefectura para ayudar a los damnificados por las riadas en municipios del este y el sur del departamento y luego solicitó que no se amplíe el contrato para el cobro de peajes con la empresa Conosur, ya que ésta disminuirá su aporte al gobierno departamental en Bs 6 millones en 2005.

José Céspedes, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, sucedió en la palestra a Aguilera. Luego de criticar al Gobierno, advirtió de maniobras que ‘ONG y sindicatos’ estarían realizando para ocupar tierras de las provincias Guarayos, Germán Bush, Obispo Santistevan y Ángel Sandóval. “La próxima guerra que se nos viene es por la tierra”, dijo.
Luego de que Javier Soria, presidente de la Asociación de Padres de Familia, recordara que la falta de un ítem en educación equivale a un niño que no puede ir al colegio, fue el turno de Rodolfo Landívar, presidente de Fejuve, que propuso por primera vez en la noche un paro cívico de 48 horas.

Su propuesta fue estructurada luego por Wilmar Steltzer, ex presidente cívico y concejal, que propuso un plazo de una semana antes del paro para luego asumir medidas ‘más duras’, como dejar de pagar impuestos a la administración nacional y entregar esos recursos a la Prefectura.

Posteriormente llegaría el prefecto, Rubén Costas, con los alcaldes de los municipios de Germán Busch y cívicos porteños. Allí informó de que se trasladó hasta la frontera para ofrecer su apoyo a las autoridades municipales de Puerto Suárez, Quijarro y El Carmen Rivero Tórrez y tratar de llegar a un acuerdo para levantar las medidas de presión. Los cívicos y munícipes fronterisos aceptaron el ofrecimiento, siempre y cuando la Asamblea de la Cruceñidad hiciera suya las demandas de la región, solicitus que fué incluída en la resolución final.

Fuente: El Deber

Resolución de la Asamblea de la Cruceñidad

1.- En emergencia. Declarar estado de emergencia y movilización permanente por la falta de interés y menosprecio demostrado por el Poder Ejecutivo Nacional a la problemática del departamento de Santa Cruz.

2.- Apoyo a Costas. Respaldar a la Prefectura del Departamento en las políticas y gestiones que viene realizando con la finalidad de impulsar el desarrollo regional y dar soluciones a los conflictos sociales generados por la desatención del Gobierno nacional.

3.- Última fecha. Establecer hasta el día miércoles 26 de abril del presente año como plazo máximo, para que el Gobierno nacional dé respuestas concretas a las demandas de Santa Cruz.

4.- Respaldo a la Chiquitania. Apoyar el voto resolutivo emitido por la mancomunidad de municipios de la Chiquitania.

5.- Paro cívico. Dar potestad al directorio del Comité pro Santa Cruz para que en caso de que el Poder Ejecutivo no atienda satisfactoriamente los requerimientos planteados, determine la realización de un paro total de actividades por 24 horas en todo el departamento de Santa Cruz y se adopten las acciones y medidas que las circunstancias requieran.

Las demandas
Inundaciones. Hay 12 municipios afectados y 5.209 familias damnificadas. Las hectáreas de sembradíos perdidas suman más de 120.000. La Prefectura ha invertido más de Bs 5 millones en ayuda y necesita 118 millones para reparar todos los daños.
Salud. Existe un déficit de 5.258 ítems, equivalentes a Bs 206 millones. Se necesitan al menos 831 para seguir operando.
Educación. Se necesita crear 4.800 ítems, equivalentes a una inversión de Bs 50 millones. Para cubrir el crecimiento vegetativo es necesario al menos 1.500 nuevos maestros.
Peajes. Se exige que no se renueve el contrato con Conosur, ya que en 2006 dejará de entregar Bs 6 millones a la Prefectura. Debido a ello, no se repararán 1.875 kilómetros de carreteras.
Mutún. Se pide al Gobierno que lance una licitación atractiva, para que las empresas interesadas se presenten en ella. Los técnicos de la Prefectura y el Comité quieren participar de ella. No se aceptará una nueva postergación.

Camiri elegirá de ocho candidatos a su consejero departamental

Los habitantes de Camiri están listos para elegir por voto directo a su representante en el Consejo Departamental este sábado 22 de abril. El Concejo Municipal posesionará a la autoridad que resulte elegida de los ocho postulantes que están en carrera.

De acuerdo con la información desde la capital petrolera del país, hace una semana que se cerraron las inscripciones para los postulantes al Consejo. Algunos de los postulantes son: Ronny Vargas, el primer consejero elegido por voto popular y que busca su reelección; Santos Quispe, Herland Echalar y Víctor Mendoza, cuatro de los ocho candidatos.
Por su lado, Vargas indicó que se pedirán veedores del proceso a las autoridades electorales y a los medios de comunicación, para que se certifique la transparencia de los comicios.

La Asociación de Abogados, institución encargada de llevar adelante las elecciones, tiene prevista la utilización de las 96 mesas electorales que se ocuparon en los comicios pasados en Camiri.El segundo consejero de la provincia Cordillera, el que se le otorga por equidad a cada una de las 15 provincias cruceñas, será elegido con el voto de los 37 concejales municipales que integran los siete gobiernos municipales que hay en esta región.
El subprefecto de la provincia es el encargado de hacer el llamado para los comicios, que podrían realizarse en los siguientes días.

Fracasa el diálogo por ítems y habrá Asamblea

La llegada de la ministra de Salud, Nila Heredia, avivó el conflicto cívico por los ítems del sector en lugar de aplacarlo, y no pudo detener la Asamblea de la Cruceñidad que se instalará hoy a partir de las 18:30. La autoridad gubernamental trajo una propuesta que resultó insuficiente ante las necesidades del departamento.

Desde las 9:00 de ayer, diferentes autoridades y representantes gremiales del sector de la salud consensuaron un pedido de 1.800 nuevos puestos de trabajo para el sector, pero aclararon que el mínimo indispensable para seguir operando es 800.Alrededor de las 14:00, Nila Heredia llegó al Comité para escuchar las demandas.
De entrada, el presidente cívico, Germán Antelo, le aclaró que este movimiento no respondía a oligarcas como afirmó el ministro de Educación, sino a necesidades reales de todo el departamento. Heredia pidió coherencia en la repartición de los ítems ya asignados y que cada nivel del Estado (Gobierno central, prefecturas y municipios) asuman sus responsabilidades con el sector. “Así sean pocos, los ítems no pueden ser distribuidos de forma caprichosa. Propongo que se analicen en una mesa técnica que determine cuántos se necesitan y nos tracemos un plan para que esa necesidad sea cubierta. No puedo decir que tengo 500; menos, 800. No vengo con una canasta de ítems”, dijo.

Roberto Gil, director técnico del Servicio Departamental de Salud (Sedes), fue el encargado de defender el pedido de los 1.800 nuevos puestos. Hizo una larga exposición de las causas de tanto déficit (aplicación del SUMI, la reducción del tiempo de trabajo de los trabajadores de salud de ocho a seis horas y la desaparición de la figura del médico rural, entre otros motivos), y aseguró que su repartición también contaba con técnicos bien preparados que habían realizado la demanda basados en las necesidades de cada centro de salud del departamento.

Fue en ese momento en el que Heredia informó de que este año se habían creado sólo 820 ítems y que de ellos se había asignado el 17% a Santa Cruz (143). Aseguró que el Gobierno hace todo lo posible para crear más ítems pero que en todo caso no serán más de 250. De estos, comprometió 60 para el departamento. La propuesta no fue aceptada por los trabajadores y Johnny Caballero, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores en Salud, abandonó la sala, no sin antes pedir la renuncia de la ministra y anunciar un paro de 72 horas a partir del lunes.

El resto del encuentro sirvió para que Gil explicara que Santa Cruz es el único departamento que se gasta Bs 17 millones al año para pagar 580 ítems, que los centros de tercer nivel invierten más de Bs 22 millones para cubrir el sueldo de una cifra similar de empleados y que eso no les permite adquirir nuevos equipos. Eso ha puesto a la mayoría al borde del colapso. La principal prueba del daño que causa a los nosocomios invertir en pago de salarios es la situación del Hospital Oncológico, que ayer se declaró en emergencia.

El director de la institución, Nelson Béjar, aseguró que el 72% de sus ingresos se destina al pago de personal. Esto les impide invertir $us 19.500 en reparar el mamógrafo, cuya utilización le significaba un ingreso mensual de Bs 20.000.La ministra Heredia explicó que desde hace una década no se han creado tantos ítems como en esta gestión y que no se puede esperar que se salden deudas históricas de una sola tajada. Sus argumentos no sirvieron para calmar las aguas del sector, que no aceptó sentarse a negociar ni a revisar técnicamente el pedido. Aseguran que en varias oportunidades han enviado dicha documentación a La Paz.“Valoro la valentía de Nila al venir a poner la cara. La conozco y estoy seguro de que le hubiese gustado venir con una propuesta bajo el brazo; pero nos incentiva para gestionar de una vez lo que debemos conseguir”, dijo Gil, refiriéndose a la autonomía.

Pero el tema de salud no es el único que tratará la Asamblea de la Cruceñidad. Según informó el vocero del Comité pro Santa Cruz, Daniel Castro, también se tratarán los pedidos del sector de educación, la licitación de la explotación de hierro en Mutún, los problemas del Lloyd Aéreo Boliviano, la situación de los damnificados por las riadas, el respeto a los cargos institucionalizados y la situación de algunas reparticiones gubernamentales que han sido tomadas por militantes del Movimiento al Socialismo.
Castro informó de que trabajadores del LAB leerán una carta a favor de los 500 puestos de trabajo y del 48% de las acciones de la compañía que pertenecen a todos los bolivianos. “En ningún caso se permitirá que se defiendan intereses de grupo”, dijo.

La reunión también servirá para que la comisión que negoció con los ministros del área económica informe sobre los resultados de las conversaciones celebradas ayer en Puerto Suárez sobre la licitación de Mutún, mientras que se pedirá respeto por las instituciones y los cargos ganados por concurso de méritos en las diferentes reparticiones estatales. Uno de los temas que más prometen caldear el ambiente es el informe sobre los damnificados por las riadas. El Comité informará sobre cuánta ayuda envió y la Prefectura dirá cuánto auxilio gubernamental fue canalizado a través de ellos.

Ayer, Valentín Calizaya, secretario ejecutivo de la Federación de Colonizadores de San Julián, bajó el tono de sus declaraciones y aseguró que sus protestas no iban dirigidas contra el Comité, sino contra la Prefectura ya que no confían en el manejo que ésta le ha dado a la ayuda internacional recibida. Ya no amenazaron con tomar el Comité pro Santa Cruz.

Mientras tanto, los alcaldes de Cuatro Cañadas, San Julián y el Puente hicieron llegar una carta de agradecimiento a todas las instituciones que recaudaron dinero y vituallas para ayudarlos. Con el fin de evitar conflictos, el Comité pedirá a la Prefectura que cierre la calle y acordone el área para que no se repitan los incidentes registrados en la visita de Evo Morales a la entidad cívica.

En Puerto Suárez retienen a tres ministros y cierran la frontera

Los ministros de Planificación, Carlos Villegas; de Minería, Wálter Villarroel; y de Desarrollo Económico y Microempresa, Celinda Sosa, fueron retenidos en los ambientes del Comité Cívico de Puerto Suárez por los representantes de las organizaciones vivas de esta localidad, que exigen al Gobierno que se otorgue la licencia ambiental a la empresa MMX, que pretende aprovechar el hierro del yacimiento Mutún.

La comisión tenía la tarea de explicar a los representantes las razones por las que el Estado decidió evitar las operaciones de MMX, subsidiaria del grupo brasileño EBX en el país, entre las que detallan el asentamiento ilegal de la firma, violando la Constitución Política del Estado y el uso de carbón vegetal en vez de gas para producir arrabio.La reunión se prolongó por más de seis horas, en las que los ministros fueron abuchados e insultados, llegando a cometerse excesos como echar agua a la ministra Sosa, según testigos.

Ante estas tensiones, el Gobierno determinó el traslado inmediato a Puerto Suárez del fiscal de Distrito Jaime Soliz, acompañado de otros dos fiscales (José Centenaro y Alberto Cornejo) y del comandante departamental de la Policía, Wilfredo Torrico, para que estén en la zona de conflicto. La comitiva partió del aeropuerto El Trompillo a las 22:30, cumpliendo una arriesgada misión puesto que despegaron con luces improvisadas.Sin embargo, el ministro Villegas se comunicó con Palacio de Gobierno para evitar que se proceda a una intervención militar y la reunión quedó en un cuarto intermedio hasta pasadas las cinco de la madrugada, hora establecida por el presidente Morales para que una reunión de Gabinete estudie el pedido de la región chiquitana.

Según el cívico de Puerto Suárez, Edil Hericke, el Gobierno se encaprichó para no conceder la licencia ambiental a MMX, que habría construido un horno de fundición con $us 60 millones. “Son más de 900 empleos en juego y eso es lo que estamos defendiendo, puestos de trabajo, no la empresa, esperamos que no se malinterprete”, explicó. A su vez, el vicepresidente de la República, Alvaro García Linera, indicó que esa empresa construyó en los 50 kilómetros de la línea cercana de la frontera, violando la CPE. “Comenzó en junio de 2005 cuando recién el contrato de riesgo lo hace en septiembre”, apuntó y agregó que hace poco tramitó su personería jurídica.

En una conferencia de prensa el ministro de Defensa, Walker San Miguel, pidió la colaboración de las autoridades departamentales para que se abra un espacio de diálogo y se deje libre a los ministros.Entre tanto, según fuentes cercanas al prefecto del departamento, Rubén Costas, se reunió con su gabinete técnico hasta pasadas las 22:00 y determinaron que anunciarán una posición ofical frente a este conflicto para hoy en la mañana; sin embargo, se adelantó que es criterio de la autoridad, que la solución del conflicto es competencia del gobierno nacional, ya que los ministros asistieron a Puerto Suárez sin previo comunicación con su despacho, por lo que no pudo tomar ninguna medida de seguridad para los enviados del Ejecutivo.

En la zona, las Fuerzas Armadas fueron acuarteladas aunque un contingente de la unidad acantonada en la frontera con Brasil, intervino el aeropuerto como medida de seguridad.El propósito de los ministros de evitar el paro no prosperó porque, a decir de los dirigentes cívicos, ninguno de ellos fue capaz de explicar y convencer con argumentos válidos la posición asumida por el Gobierno para negar la licencia ambiental a la MMX en la zona fronteriza.

Tras ello, decidieron que los tres representantes del Estado permanezcan en el recinto cívico donde pasaron la noche con la custodia de 10 uniformados. Afuera, cerca a 1.000 personas hicieron vigilia mientras que otras tantas iniciaron las medidas de protesta a lo largo de la carretera y la vía férrea. Lo propio sucedió en Quijarro y Arroyo Concepción.

En breves declaraciones, el ministro Villegas expresó que no recibió ninguna llamada del Prefecto ni otra autoridad departamental, excepto la del presidente del Comité Pro Santa Cruz, Germán Antelo, que solicitó a sus similares porteños que se permita a los ministros pernoctar en un hotel. Sin embargo, este pedido fue rechazado por la dirigencia de los movilizados.La población porteña mantendrá la medida a la espera de la respuesta del Gobierno.

El Gobierno enoja a los cívicos y ronda un paro

La ausencia de la ministra de Salud, Nila Heredia, y del ministro de Educación, Félix Patzy, a la reunión que debían sostener con la dirigencia del Comité pro Santa Cruz y con los representantes de los sectores en conflicto, ha reavivado la tensión que se ‘enfrió’ durante la Semana Santa entre cruceños y el Gobierno.

Los cívicos calificaron como un desacierto dicha ausencia de las autoridades gubernamentales en la mesa del diálogo, que tenía como propósito solucionar la demanda por más ítems de profesores y médicos para la región. Pero además del desplante ocurrido, el ministro Patzy, que estuvo el fin de semana en Yapacaní, calificó de oligarcas las protestas de los sectores cruceños, provocando críticas a sus aseveraciones.
El primer vicepresidente del Comité, Beby Castedo, dijo que Patzy le estaba haciendo mal al Gobierno de Evo Morales. “Si el Presidente tiene la intención de hacer las cosas bien, este tipo de ministro lo está arruinando todo”, aseguró. Por su lado, el presidente cívico, Germán Antelo, señaló que fue un falta de respeto a la gente que protesta hacer ese tipo de apreciaciones.

Sumado a los enfrentamientos verbales entre los cívicos y Patzy, el dirigente de los colonizadores, Primitivo Montaño, amenazó con bloquear las calles y carreteras del departamento si en la Asamblea de la Cruceñidad se trata el tema de las inundaciones. Además, indicaron que hoy realizarán una marcha que llegará a la plaza 24 de Septiembre, como parte de sus protestas. En respuesta, el Comité aseveró que nadie impone la agenda a tratar en la Asamblea, donde definirán las medidas que se tomarán para conseguir los 500 ítems de salud y número igual para educación.

Mientras este clima de tensión se vive en la capital cruceña, ayer en la sede de Gobierno el denominado Estado Mayor del Pueblo, conformado por dirigentes de algunas organizaciones sociales, llamó a defender la gestión del presidente de la República, Evo Morales, de las amenazas neoliberalistas, estadounidenses y bolivianas. Incluso se llamó a hacerlo con las armas, según lo advirtió uno de sus dirigentes, Román Loayza, ex senador por el MAS.
“Lastimosamente el mismo Presidente pidió la creación de este Estado Mayor del Pueblo. Crear instituciones paralelas a las establecidas en la Carta Magna es inconstitucional y más aún si es apoyado por la primera autoridad del país. Son antidemocráticas. Si hay enfrentamientos el único culpable será el Gobierno”, indicó el presidente del Comité.

Entre tanto, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, criticó la posición de los miembros del Estado Mayor del Pueblo y les restó representatividad.Pese a este tipo de movimientos, que amenazan con aplacar por la fuerza las protestas en contra del Presidente, el secretario de Relaciones de la COB, Freddy Gutiérrez, confirmó la convocatoria al paro de 24 de horas del viernes, en demanda de un salario mínimo de $us 187, entre otras peticiones.Por su parte, la directiva de la Confederación de Trabajadores de Salud, evaluará hoy la realización de un paro de 72 horas.

En Santa Cruz los maestros aguardan las determinaciones de la Asamblea de la Cruceñidad, para continuar con las movilizaciones y medidas de presión que tenían previstas para esta semana, debido a la falta de atención por parte del Gobierno.

«Si no hay diálogo, se irá a la presión»

Germán Antelo / Presidente del Comité

- ¿Cómo interpretan la ausencia de los ministros de Salud y Educación a la reunión de hoy (ayer)?
- Es una indiferencia total. No sé lo que están queriendo demostrar. Conversamos con los ministros Villegas y Arce, los mismos que se mostraron predispuestos a encontrar una solución a los problemas. Lamentablemente no se están dando las soluciones, no están cumpliendo las promesas hechas, lo que genera descontento.
- Calificaron de oligarca el movimiento cruceño...
- Eso es un atrevimiento de este ministro (Félix Patzi). Es una falta de respeto a los campesinos, maestros, profesionales de salud y originarios. Decir que lo que ellos piden es producto de la oligarquía, es una aberración.
- ¿Hay oligarquías en Santa Cruz?
- Hubo oligarquía, pero no ha estado en Santa Cruz. Las oligarquías mineros feudales han esclavizado, crearon discriminación y pobreza. La ‘rosca’ oligárquica, que no está en el departamento, se ha visto fortalecida ahora e intentan centralizar lo que se logró descentralizar.
-¿Qué medidas se pueden tomar en la Asamblea de la Cruceñidad?
- Si no hay acercamiento por parte del Gobierno, la reunión del miércoles definirá las medidas necesarias para defender lo que por derecho nos corresponde. Si no se lo arrancamos por la vía del diálogo, lo haremos por la vía de la presión y de la fuerza.

La cruceñidad protesta y llama a asamblea cívica

El Comité Cívico pro Santa Cruz, mediante una resolución de directorio ampliado reunido anoche en la sede de la entidad, resolvió llamar a la asamblea de la cruceñidad el próximo miércoles 19 de abril para que el pueblo cruceño decida las medidas con las que presionará al Gobierno para que solucione la falta de ítems en salud y educación, además del abandono del Estado a las zonas inundadas y la necesidad de echar a andar el proyecto de Mutún.

Con la presencia de empresarios, agricultores, representantes de juntas vecinales, el Sedes, el Seduca, la Prefectura, la Alcaldía capitalina (las de El Torno y Porongo también), además de directores de hospitales, el Colegio Médico y maestros urbanos, entre otros, el Comité tomó esta decisión, con la venia de los presentes, tras escuchar las quejas encendidas de los sectores que expusieron sus carencias en tonos apasionados (alguno habló de desobediencia civil hacia el Gobierno, otro, de pedir hasta la independencia si era necesario).
“Por la actitud autoritaria del Gobierno, por el abandono en las áreas inundadas, el no apoyo del Poder Ejecutivo a la licitación del Mutún y el abandono a la salud y educación, se convoca a la asamblea de la cruceñidad”, dijo el el presidente cívico, Germán Antelo, mientras leía la resolución entre aplausos, voces que comprometían su apoyo a la medida y algunos que pedían autonomía ya!!! Entre las consideraciones del documento, se destacaba que “el Poder Ejecutivo a falta de un plan de gobierno adopta una política intervencionista sobre las instituciones públicas, con la finalidad de manejarlas mediante la distribución de cargos a sus simpatizantes.

Esa actitud del Gobierno se vio en la ilegal intervención de la Dirección Departamental del INRA y de la Dirección Departamental de la Aduana, aún siendo entidades institucionalizadas por ley”.Otro de los puntos de la resolución señalaba que “la voluntad de Santa Cruz para sacar adelante el proyecto Mutún como una opción para la economía nacional, no ha sido apoyada por el Poder Ejecutivo, que más bien evidencia una política de no cumplir su compromiso de ejecutar la licitación del proyecto, lo que pone en riesgo una de las pocas alternativas para generar empleos y desarrollo nacional”.

Agregaron además que la descomposición social producida por la apatía del Gobierno Nacional, está expuesta en la falta de atención a los sectores de salud y educación, “que son manejados bajo una política centralista que no reconoce las verdaderas necesidades de la región para cubrir los ítems respectivos en todas las provincias de nuestro departamento”. Debido a la hora de este pronunciamiento (cierre de edición), no se pudo obtener la contraparte estatal sobre la posición del Comité.
Por la carencia de ítems en salud y educación, ayer la capital cruceña tuvo una jornada de marchas callejeras.Por la mañana, en el segundo día del paro de 48 horas decretado por los maestros urbanos, éstos marcharon como el día anterior, exigiendo ítems (se piden 3.000 en el país, pero el Gobierno sólo ofrece 800).

Los trabajadores de salud y médicos hicieron lo propio hasta la Prefectura, donde se instaló un cordón policial. “Mañana (hoy) irá una comisión a La Paz para ver si el Gobierno cumple nuestras demandas de ítems. Si no, la próxima semana se determinará nuevas acciones”, dijo Joaquín Delgadillo, dirigente de los maestros urbanos. El paro se cumplió a medias ayer.
En los hospitales públicos, donde sólo funcionaba emergencias, los que pagaban los platos rotos eran los pacientes de escasos recursos, porque no hallaban atención en consulta externa.

El presidente Morales acusó a los trabajadores de salud y educación de impulsar un plan de desestabilización a su Gobierno pidiendo más ítems, sin tomar en cuenta que el Estado no tiene dinero. Morales dijo que su gobierno creó 826 nuevos cargos para médicos y enfermeras, a diferencia de 2005, cuando se crearon sólo 510. Los rurales decidieron ayer marchar e impulsar un paro de 24 horas hoy contra la convocatoria para directores de Seduca, distritales y colegios lanzada por la Prefectura.