El reto de los asambleístas cruceños

Editorial del diario El Deber

La victoria cruceña del Sí para la autonomía plantea un reto que los asambleístas electos por voto libre y democrático en el Departamento no pueden dejar de asumir.Antes de pasar a explicar el desafío, conviene destacar que éste rige para todos los constituyentes electos, sea cual fuere el partido político o agrupación ciudadana que los postulara. El pueblo cruceño, fuente de la soberanía regional, optó en las urnas por el modelo autonómico de organización territorial, política y administrativa. Esa voluntad representa un mandato que todos los constituyentes cruceños se hallan obligados a acatar, por mucho que en cumplimiento de la consigna partidaria o convicción de conciencia hayan votado por el No.

La democracia impone la obligación de aceptar la derrota y acatar la voluntad que acredite el voto mayoritario en las urnas. Éste es un principio de vigencia universal que a nadie le es dable desconocer.En consecuencia, para la brigada ‘constituyentista’, por encima de diferencias ideológicas, políticas y partidarias, corre la insoslayable obligación de cerrar filas en la Asamblea Constituyente para que el Sí cruceño por la autonomía sea totalmente acatado. Conviene puntualizar que este acatamiento es también para los términos normativos del régimen autonómico cruceño. Solamente a los cruceños les corresponde determinar la naturaleza y estructura del gobierno regional a establecerse entre nosotros.

El tema es materia de un proyecto de Estatuto Orgánico de Régimen Autonómico Regional que ya ha sido elaborado y ahora corresponde debatirlo de forma intensa para fines de consenso total a escala regional. Ese instrumento debe ser llevado por la brigada ‘constituyentista’ cruceña a la Asamblea de Sucre para su incorporación a la normativa general sobre la materia. De esta forma se acatará la voluntad soberana que a favor de un régimen autonómico el pueblo cruceño acreditó en las urnas. Sólo a los cruceños y a nadie más que a los cruceños corresponde decidir la modalidad de gobierno regional que se quiere y la asamblea legislativa local a que se aspira, así como las formas de elección para el acceso a ambos espacios, amén de atribuciones y funciones.

Responde a la normativa general, la distribución de los recursos (nacionales, regionales y provinciales), así como la transferencia de competencias y funciones, lo cual debe hacerse en el marco de un adecuado consenso en la Asamblea Constituyente. Está claro que el modelo autonómico regional debe apuntar a la unidad nacional, correspondiendo al Gobierno central atribuciones referidas a la defensa de la soberanía del país, preservación de la seguridad y orden público como a la conducción de las relaciones internacionales. Entre dichas atribuciones también figuran las de seguir de timonel político y administrativo de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca, donde el voto mayoritario que debe respetarse fue de un No rotundo a la autonomía.

En consecuencia, por ahora, esos departamentos deben seguir ceñidos al centralismo. Medio país (la ‘media luna’) adscrito a la autonomía y la otra mitad al centralismo. Así lo determinan los resultados de las elecciones del domingo último. Resultados que, repetimos, se deben acatar.